La libre empresa

Hoy en día, prácticamente, todo el mundo en Puerto Rico reconoce que la economía de la Isla necesita apoyarse en el empresarismo, para superar la profunda crisis por la que viene atravesando desde hace más de una década. El empresarismo es el conjunto de actividades y competencias que llevan a una o más personas a crear valor, ingreso y riqueza, para sí mismos y para la sociedad, mediante la producción y venta de artículos y servicios.

El empresarismo se manifiesta en la persona del emprendedor, que se caracteriza por no amoldarse a la vida económica rutinaria, sino que busca nuevas oportunidades, se complace en desplegar su iniciativa personal, asume el riesgo de manera responsable y promueve la innovación. Este dinamismo creativo produce beneficios económicos no solo para la propia persona emprendedora, sino también para quienes vienen a ocupar los empleos creados por la actividad empresarial y para los consumidores que adquieren productos y servicios nuevos que le añaden valor a su vida cotidiana.

La actividad de los emprendedores —el empresarismo— solo puede darse de manera efectiva en un ambiente de libertad económica; de hecho, lo que llamamos “la libre empresa” es precisamente un modo de organización económica, política y legal en el que las personas pueden ejercer su iniciativa empresarial, sin restricciones por parte del gobierno u otras entidades, más allá de las normas básicas necesarias para garantizar la seguridad, la propiedad y los derechos de todos los ciudadanos.

La libre empresa supone que cada empresario tiene la libertad de idear nuevos productos y procesos productivos, y ponerlos en marcha a riesgo de su propios activos personales o corporativos, sin tener que pedirle permiso al gobierno o someterse a directrices sobre la naturaleza de su empresa o negocio. Por supuesto, esta libertad está limitada por el respeto a valores sociales y personales como la salud pública, la seguridad en el trabajo y el respeto a los derechos de trabajadores y consumidores; pero aparte de esas consideraciones, el emprendedor debe tener amplia libertad de acción. En un país en el que no se reconozca este principio como parte del ordenamiento político, económico y jurídico no existe la libre empresa.

Hay diversas maneras en las que el gobierno puede invadir el dominio de la libre empresa, muchas veces con buenas intenciones, pero raras veces con buenos resultados. Las formas más radicales incluyen la prohibición absoluta de invertir en ciertas actividades, como cuando en Puerto Rico no se le permitía a ninguna empresa privada participar en la generación y venta de energía eléctrica, lo cual se reservaba para un monopolio estatal —la Autoridad de Fuentes Fluviales, que luego se convirtió en la Autoridad de Energía Eléctrica—.

Otras formas más comunes y frecuentes del gobierno invadir el dominio de la libre empresa incluyen el control de precios y la regulación de ciertas actividades económicas. El control de precios es contrario a la libre empresa, ya que interviene con la libertad del empresario para competir en el mercado de su producto fijando un precio que cubra los costos y permita una ganancia competitiva. Cuando el gobierno interviene para controlar los precios de los productos, lo hace a nombre de un interés público y de la protección de los consumidores; pero muchas veces esta intervención es contraproducente, ya que la autoridad pública tiene menos información y agilidad que el mercado, y raras veces puede superar al libre juego de la oferta y la demanda en el proceso de establecer un precio eficiente y justo.

Un conflicto ocurrido en Puerto Rico en la década de 1970 ilustra el problema del control de precios para una economía de libre empresa; en esa época, el gobierno quiso controlar el precio del arroz, por ser un producto de consumo generalizado y de primera necesidad para el consumidor puertorriqueño. Los importadores y distribuidores de arroz protestaron, porque no podían recuperar los costos de sus negocios y obtener una rentabilidad adecuada. El conflicto fue intenso y prolongado, atrajo la atención de los medios de comunicación y causó que un grupo de empresarios se organizaran en una asociación prodefensa de la libre empresa. Hay otros ejemplos controversiales de control de precios en la Isla, como, por ejemplo, la práctica de fijar tasas máximas de interés para préstamos personales no asegurados, la cual fue descontinuada a fines de los 1980 luego de una ardua campaña por parte de las industrias del sector financiero.

Los requisitos de permisos y licencias son también una forma de interferencia con la libre empresa. Al igual que con el control de precios, se intenta justificar la exigencia de permisos y licencias aduciendo el interés público; pero a menudo se establecen requisitos innecesarios que solo sirven para entorpecer la sana competencia entre proveedores de un producto o servicio y que terminan creando nichos de ventaja desleal para entidades o personas privilegiadas; por ejemplo, la Comisión de Servicio Público de Puerto Rico mantuvo constante por muchos años el número de permisos para operar taxis en la Isla, con lo cual se impedía la expansión del servicio y se inflaba artificialmente el valor de los permisos existentes. En el mundo de hoy, la presencia de Uber ha incrementado la competencia en este mercado y ha fomentado un aumento notable de la demanda por el servicio de transporte individualizado.

El respeto de la libre empresa es indispensable para una economía competitiva y sana, y es un componente clave de la libertad económica. Es un deber ciudadano velar porque todo intento de interferir con la libre empresa, ya sea por controles de precios, regulación o exigencia de permisos y licencias, esté verdaderamente justificado por un interés público imperativo y que se limite a lo estrictamente necesario para dicho fin.