El licenciado Carlos Saavedra Gutiérrez aseguró que no se puede predecir exactamente lo que pasará, mencionó que la JSF nunca ha perdido uno de estos pleitos.
El licenciado Carlos Saavedra Gutiérrez. (suministrada)
Tras la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) conceder el último aviso al gobierno para que desista de la implementación de la Ley 41-2022, el licenciado Carlos Saavedra Gutiérrez resaltó que el ente fiscalizador se está expresando con un lenguaje de urgencia.
El abogado expresó que, desde su experiencia, la JSF ha escrito más cartas dirigidas al gobierno con relación a la nueva Reforma Laboral que con otros asuntos. “En otros casos en que la Junta demanda, siempre envía cartas y advertencias, pero en el caso de la ley 41 la Junta está siendo bien incisiva”, expresó. "Yo la describiría como una última oportunidad, pero admito que no había visto una carta anterior en que la Junta le diera tantas oportunidades al gobierno", afirmó.
Con relación a la más reciente misiva, el exsecretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos indicó que la JSF expone que el gobierno no debatió el estudio que enviaron en una de las comunicaciones pasadas. Explicó que, en la pasada carta, el ente fiscal comunicó que concluyeron que la Ley Num. 41-2022 viola PROMESA, anejó un estudio económico y le dio la oportunidad al gobierno para que lo revisara. "Esta carta lo que está diciendo es: ‘No debatiste el estudio, me sostengo en que la ley es inconsistente con el plan fiscal y viola PROMESA y te informo que ya decidí demandarte’. Otras cartas eran ‘básicamente estamos considerando demandarte’. Esta carta es un anuncio de que el litigio viene", comentó Saavedra Gutiérrez.
Proyecciones
Aunque el licenciado aseguró que no se puede predecir exactamente lo que pasará, mencionó que la JSF nunca ha perdido uno de estos pleitos. “Son alrededor de una docena de estatutos que han sido invalidados bajo los mismos argumentos que está haciendo la Junta con la Ley 41.
"La cuesta está empinada para el gobierno, ciertamente. En esta carta ya están los argumentos que la Junta va a presentar al tribunal. Me parece que es que la Junta está cumpliendo con una opinión reciente del Primer Circuito […] Fue una impugnación que tenía la Junta de cuatro leyes y el Primer Circuito confirmó la decisión de la jueza Swain invalidando las leyes", informó.
"Esa opinión decía que la Junta tiene que ser bien clara con el Gobierno cuando le notifica que las leyes tienen fallas. Le tiene que notificar por qué. La Junta no puede hablar con ambigüedades. Tiene que decir las razones específicas de por qué la Junta concluyó como concluyó", agregó.
Precisamente, compartió que, en esta carta, la JSF destacó dos argumentos principales: el procesal y el sustantivo.
La primera razón, según Saavedra Gutiérrez, es porque la Ley 41 contradice el plan fiscal y por no enviar un estimado formal que requiere la ley PROMESA. "Le levanta argumentos procesales al gobierno".
Por otro lado, con relación al argumento sustantivo, detalló lo siguiente: "La Junta básicamente está diciendo: ‘la ley 41 en su faz incrementa los costos de hacer negocios en Puerto Rico y por ende va a afectar los recaudos del gobierno'".
¿Qué pedirá la JSF?
El abogado dijo que el ente fiscal indicó en la misiva que pedirá "nulificar la ley". "Si la jueza Swain nulifica la ley, eso significa que la ley 41 nunca estuvo en vigor", mencionó.
En ese caso de que la jueza determine que la ley es nula, Saavedra Gutiérrez destacó que "no va a haber ningún patrono en Puerto Rico que haya violado la ley 41 porque la jueza básicamente dijo: ‘esa ley nunca advino a la vida'".
Sin embargo, reconoció que Swain también podría emitir un interdicto "para que el gobierno no ponga en vigor la ley". "Entonces, ahí la decisión sería prospectiva. Desde el día en que la jueza decida y en adelante, entonces la ley no se puede poner en vigor. Eso no significa que no estuvo en vigor el tiempo que haya estado después del 20 de julio", manifestó.
Ante la interrogativa de cuánto tiempo podría durar el proceso, el licenciado indicó que puede tomar meses si no solicitan un calendario expedito.
"Se puede tardar. Si la Junta no pide un interdicto o lo que se llama un TRO, lo que se conoce como un Temporary Restraining Order, esto va a tomar meses. Regularmente, la jueza Swein decide este tipo de caso entre cuatro a seis meses", concluyó.
Esta pieza apareció originalmente en Microjuris.com
