Un informe del ILE también apuntó que el beneficio máximo del PAN en el año fiscal 2021 fue el 59% del beneficio máximo del SNAP en Estados Unidos
El SNAP aumentaría el número de participantes o beneficiarios actualmente en Puerto Rico, explicó el doctor Ángel Carrión Tavárez, director de Investigación y Política Pública del ILE, durante una conferencia de prensa.
Un estimado preliminar del Instituto de Libertad Económica para Puerto Rico (ILE) encontró que el potencial de personas que podrían sumarse a la fuerza laboral en la isla, al cambiar del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) vigente al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés), es de aproximadamente 246,000 individuos, que podrían continuar recibiendo el beneficio al tiempo que avanzan hacia un empleo fijo.
“Nos dimos a la tarea de analizar esta posible situación de cambio de la subvención en bloque que recibe Puerto Rico desde 1981 hasta el presente y sustituirla por el Programa de Asistencia Nutricional suplementaria”, sostuvo el doctor Ángel Carrión Tavárez, director de Investigación y Política Pública del ILE. “Encontramos que son más los beneficios que los riesgos que pudiera acarrear, que siempre todo cambio trae consigo alguno. Entre esos beneficios está que el PANS aumentaría el número de participantes o beneficiarios actualmente en Puerto Rico”, afirmó durante una conferencia de prensa.
El SNAP es un beneficio financiado por el gobierno federal de Estados Unidos, disponible para personas y hogares de bajos ingresos en los 50 estados, Washington D.C., Guam y las Islas Vírgenes Estadounidenses. Puerto Rico, la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte y Samoa Americana están excluidos de ese programa. En cambio, reciben una subvención en bloque para operar un programa de asistencia nutricional conocido por sus siglas PAN.
Una de las diferencias claves entre el PAN y el SNAP, es que el segundo tiene un requisito de trabajo para que los participantes puedan eliminar gradualmente los beneficios. Las personas de 18 a 49 años, que no tienen dependientes, no están embarazadas y están sujetas a los requisitos generales del trabajo son denominadas adultos sanos sin dependientes (ABAWD, por su nombre en inglés). “Los ABAWD que no tienen discapacidades documentadas deben trabajar al menos 80 horas al mes o participar en un programa de capacitación laboral calificado, para recibir beneficios del PANS durante más de tres meses dentro de un período de tres años”, explica el informe del ILE.
De acuerdo con el estudio, esta cantidad representa el 21.3% del número de individuos que formaron parte del grupo trabajador civil en julio de 2022, y el 30.1% del número de personas de este grupo en las edades de 18 a 49. “Con el PANS (SNAP), alrededor de un cuarto de millón de personas en Puerto Rico podrían encaminarse hacia su libertad económica, aumentando significativamente la tasa de participación en la fuerza laboral y contribuyendo de manera significativa a la reconstrucción de Puerto Rico”, lee el informe titulado Del PAN al PANS: un puente a la libertad económica para los residentes de Puerto Rico.
El informe destaca que la implantación del PANS corregirá las disparidades en el trato entre los ciudadanos estadounidenses que residen en Puerto Rico y los que residen en los estados y otros territorios. Además, estima que cambiar del PAN al SNAP el promedio de participantes en Puerto Rico aumentaría en un 8.2%. La elegibilidad del SNAP se basa en los niveles de pobreza y todas las personas elegibles que presenten una solicitud pueden recibir beneficios. La publicación subraya que, por el contrario, el PAN debe ajustarse a los límites de la cantidad fija de fondos de la subvención en bloque.
Para un hogar de una sola persona y una familia de hasta cuatro, el SNAP tiene límites de ingresos de elegibilidad y beneficios máximos más altos en comparación con el PAN. Según el estudio de viabilidad, el beneficio máximo del PAN en el año fiscal 2021 fue el 59% del beneficio máximo del SNAP para todos los tamaños de hogar.
Al año fiscal 2022, 1,556,788 personas y 877,297 hogares en Puerto Rico participaban en el PAN, que recibirá unos $2,633 millones durante el año fiscal federal 2023, que inició en octubre. El gobierno de Puerto Rico y miembros del Congreso han presionado por una asignación adicional de $1,000 millones anuales, aunque la propuesta no fue acogida por el Comité de Asignaciones de la Cámara baja.
El ILE manifestó que favorece la transición al SNAP, “porque está diseñado para ayudar a las personas en tiempos de necesidad, mientras promueve que sean productivas cuando sus circunstancias lo permitan. El requisito de trabajo de su fórmula de beneficios sería ventajoso para los participantes elegibles, ya que les facilitaría incorporarse a la fuerza laboral, ganar dinero para su sustento y el de sus familias, y contribuir a la reconstrucción de Puerto Rico para un futuro próspero y sostenible”.
En esa dirección, el empresario Jorge L. Rodríguez, CEO del ILE., afirmó que “debemos incentivar y motivar a las personas a trabajar y a realizar sus sueños y aspiraciones, a la misma vez que contribuyen a la recuperación de Puerto Rico, gracias a los fondos federales para esos fines asignados a la Isla”.
De ser avalado, el cambio podría tomar hasta una década
El gobierno federal dio a conocer en julio su propio estudio de viabilidad sobre la transición de Puerto Rico al SNAP, que puede representar una asignación anual para la Isla de $4,500 millones y requeriría que el gobierno local supere retos administrativos y de infraestructura.
El estudio sirve, en la práctica, como guía actualizada para los gobiernos de Puerto Rico y Estados Unidos prepararse para implantar el SNAP en la Isla, si el Congreso de Estados Unidos accediera a legislar sobre el asunto. Se prevé que la mejor oportunidad para examinar la transición de Puerto Rico al SNAP sería a través de la discusión sobre la ley agrícola federal, que se debe reautorizar en 2023.
“El informe establece todos los pasos y sugiere que podría llevar hasta 10 años. Pero, dado nuestro profundo entusiasmo y compromiso con el proyecto, podemos hacerlo en un plazo mucho más rápido”, indicó hoy la subsecretaria de Agricultura de Estados Unidos para Alimentación y Nutrición, Stacy Dean, en entrevista con El Nuevo Día.
El análisis fue solicitado por el Congreso al Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que se lo encomendó a las empresas Insight Policy y Mathematica. Dean reafirmó el respaldo del presidente Joe Biden a que Puerto Rico tenga paridad en asistencia alimentaria y, como indica el estudio, consideró que ambos gobiernos pueden poner en marcha antes de la plena implantación de SNAP “un programa híbrido”.
En agosto, luego que el gobierno federal revelara los resultados de su estudio, el Centro para una Nueva Economía (CNE) planteó en otro informe que, de implantarse en la isla el SNAP, algunos beneficiarios del PAN quedarían en una encrucijada, al tener que trabajar en sectores mal remunerados y sin posibilidades de ascenso para recibir la ayuda.
El ILE asume una postura distinta en su informe, al plantear que “los puestos de trabajo disponibles en Puerto Rico cumplen con la Ley de Normas Justas de Trabajo, la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional y las principales leyes aplicables del Departamento del Trabajo de EE. UU.”. Además, sostiene el Instituto, “las agencias estatales deben operar un programa de empleo y entrenamiento (E&T) para proporcionar a los beneficiarios del PANS las destrezas y habilidades necesarias para avanzar hacia la autosuficiencia.
